Recientemente, el barómetro de Eurostat ha revelado que el principal problema que preocupa a los ciudadanos europeos, incluyendo a los españoles, es el acceso a la vivienda.
Esta inquietud ha superado otras preocupaciones como el desempleo y la situación económica, reflejando así la urgencia del asunto.
En el marco del último Congreso federal del PSOE, el presidente del Gobierno anunció la creación de una empresa pública de vivienda.
Posteriormente, la ministra de Vivienda precisó que se realizaría una modificación en los estatutos del Sepes para incluir la promoción y comercialización de viviendas, transformando a esta entidad en la prometida empresa pública de vivienda.
Sin embargo, surge la pregunta sobre si esta nueva institución realmente representará una solución efectiva a la crisis habitacional que afecta a nuestro país.
Este movimiento puede interpretarse como un regreso a modelos del pasado, dado que en 1939 se fundó el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) con el objetivo de coordinar y promover políticas de vivienda tras los estragos de la guerra civil.
El INV no solo se dedicaba a la planificación y construcción de viviendas sociales, sino que también implementaba programas para facilitar el acceso a la vivienda y realizaba estudios sobre la situación habitacional en España.
En 2008, el INV fue disuelto y sus funciones se transferían a otros organismos, lo que ha diluido la atención centralizada en la problemática de la vivienda.
Ahora, el Gobierno español parece ignorar lecciones históricas y la estructura competencial definida por el Tribunal Constitucional en 1997, que establece que las competencias en materia de vivienda son responsabilidad de las comunidades autónomas.
La creación de una nueva entidad pública de carácter estatal para la construcción y promoción de vivienda no solo resulta cuestionable desde una perspectiva histórica, sino que también enfrenta serios desafíos de gestión.
La promoción pública de vivienda exige un enfoque adaptado a las realidades locales, donde las comunidades autónomas deberían asumir un papel protagónico en la implementación de políticas habitacionales, dada su comprensión de las necesidades específicas de cada región.
Retos en la Gestión de la Vivienda Pública
1. Descentralización de Competencias: La creación de una entidad estatal puede dar lugar a duplicidades y conflictos con las administraciones autónomas, que son las que realmente conocen y gestionan las necesidades locales en términos de vivienda.
2. Dificultades en la Implementación: La promoción de vivienda pública a menudo enfrenta obstáculos como la burocracia, la falta de recursos y la resistencia de diversos grupos de interés. La gestión a nivel estatal puede resultar más rígida y menos sensible a las dinámicas locales.
3. Financiación y Recursos: Es crucial discutir la forma en que se garantizará la financiación adecuada para esta empresa pública. Sin recursos suficientes, cualquier iniciativa puede quedar en promesas vacías.
4. Inclusión de Actores Locales: Es esencial colaborar con gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales que están directamente implicados en soluciones habitacionales. Ignorar a estos actores podría llevar a una implementación ineficaz de políticas.
En conclusión, aunque la creación de una empresa pública estatal de vivienda puede parecer un enfoque proactivo ante la crisis habitacional, es fundamental reconsiderar su estructura y funciones.
Aprender del pasado y respetar las competencias establecidas son pasos cruciales para garantizar que las acciones tomadas realmente aborden los problemas de acceso a la vivienda, en lugar de reiterar los errores históricos.
Solo a través de un enfoque inclusivo y descentralizado podremos aspirar a resolver esta problemática tan urgente y compleja.
En la última Conferencia de Presidentes celebrada en Santander la semana se intentó un pacto de mínimos en materia de vivienda sin excesivo éxito.
El presidente del Gobierno propuso tres líneas de trabajo:
1) No poder vender ni alterar el precio de las viviendas construidas con dinero público.
2) Aprobar la reforma de la ley del suelo para agilizar los trámites administrativos.
3) Aplicar en toda España la ley de vivienda, sobre todo la parte relativa a la limitación del alquiler en zonas tensionadas.
Veremos cuáles son los resultados de estas tres propuestas.
Artículo publicado en la revista de «Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC» de El Economista:
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