Recientemente, no hemos dejado de escuchar frases sorprendentes de políticos de diferentes partidos y administraciones, como “en los próximos 4 años, Madrid tendrá una disponibilidad para construir 200.000 viviendas”. En el ámbito gubernamental, también escuchamos declaraciones de este calibre, como “construiremos 2.000.000 de viviendas antes del año 2030”.
Resulta difícil determinar el origen del problema de acceso a la propiedad de viviendas. Algunos sostienen que el problema se remonta a la época franquista, cuando se proclamaba la idea de “queremos un país de propietarios, no de proletarios”.
Sin embargo, desde mi punto de vista, el problema radica en nuestra cultura, que se inspira en el derecho romano, donde el derecho de propiedad tiene una clara preferencia sobre la posesión.
Mientras, los países del norte de Europa, como Alemania, Dinamarca y Suecia, están más influenciados por el derecho germánico, donde la posesión (gewere) era más relevante que la propiedad en sí. De esta manera, la cultura que se ha ido transmitiendo a lo largo de estos últimos 20 siglos difiere completamente en el sur y el norte de Europa.
En la actualidad, podemos distinguir todavía dos grandes bloques. Los partidos de izquierda insisten en el desarrollo de la Ley de Vivienda, aunque en realidad se ha producido una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (no debemos olvidar que, según la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, la competencia en materia de vivienda recae en las comunidades autónomas).
Por otro lado, los partidos situados en el espectro político de la derecha abogan por derogar la reciente Ley de Vivienda y luchar firmemente contra la ocupación ilegal.
Los distintos partidos políticos han planteado enfoques muy diferentes en materia de vivienda.
El Partido Socialista Obrero Español se inclina por alcanzar un 20% de viviendas públicas en régimen de alquiler para beneficiar a los jóvenes, consolidar el bono alquiler joven y brindar ayudas directas para el alquiler de viviendas habituales.
Por su parte, el Partido Popular propone derogar la ley de vivienda y promover un pacto de Estado por la vivienda, lo cual me parece una solución más interesante. Considero que si los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el gobierno central no convergen en un acuerdo, será muy difícil generar una política de vivienda homogénea en nuestro país. Además, desde el PP prometen realizar desalojos en un plazo máximo de 24 horas e impedir que los ocupantes ilegales puedan empadronarse y disfrutar de otros derechos.
Sumar, de una manera más extravagante, insiste en invertir el 1% del PIB durante 10 años en la construcción, compra, movilización y rehabilitación de viviendas, para crear un parque de viviendas de alquiler social de más de 2.000.000 de viviendas.
Sin embargo, sería necesario preguntar a este partido quién asumiría los costos del mantenimiento de estos dos millones de viviendas públicas en alquiler. Por último, Vox propone la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal para proteger realmente la figura de la ocupación.
De manera curiosa, también proponen la construcción y compra de viviendas, liberando el suelo secuestrado por ayuntamientos y comunidades, y por supuesto, la derogación de la ley de vivienda.
Ante el panorama presentado por los partidos políticos para las próximas elecciones generales del 23 de julio, y teniendo en cuenta las dificultades reales para la ejecución de los programas políticos, parece que nos estamos acercando a una realidad virtual de la vivienda en el metaverso.
Es decir, a través de unas gafas digitales, podríamos disfrutar de una vivienda en propiedad virtual. Parece un sinsentido que en el primer cuarto del siglo XXI no hayamos encontrado una fórmula para solucionar el problema de la vivienda en nuestro país.
En el último Consejo de Ministros, el 11 de julio, el gobierno reguló el sinhogarismo, es decir, se comprometió a proporcionar los recursos y los medios necesarios durante el periodo 2023-2030 para todas aquellas personas que tengan dificultades para adquirir una vivienda en propiedad o alquiler.
Veremos cómo se desarrolla este programa y si realmente terminaremos viviendo en una realidad virtual en materia de vivienda.
Artículo publicado en la revista de «Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC» de El Economista:
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