Resulta evidente que el problema de la vivienda en nuestro país es uno de los elementos más importantes para poder arreglar la vida y la convivencia de los ciudadanos de nuestro país y de nuestro entorno.
Los datos que se van conociendo, finalizado ya el mes de enero del año 2024, son de nuevo preocupantes en materia de compraventa y alquiler de viviendas, el precio sube un 1,8% en la compraventa de viviendas como media nacional.
Ante esta situación es evidente que las autoridades europeas muestran un grado de preocupación importante teniendo en cuenta que no solamente es España, sino que incluso en la gran mayoría de los países europeos el precio de la vivienda continúa subiendo.
Ante esta situación La Unión Europea se inclina por tomar una serie de medidas que apoyen el crecimiento del parque de vivienda.
En Europa, apoyando la vivienda pública, cooperativa social y comunitaria como columna vertebral de los sistemas nacionales de vivienda, y en nuestro país estaría por ver cuál va a ser el desarrollo el concepto y la financiación de la denominada vivienda asequible por la ley de vivienda aprobada en el año 2023.
Estudiar de una manera urgente el impacto del aumento de los tipos de interés bancarios y de los costes de construcción, que están ralentizando la entrega de nuevas viviendas.
La Unión Europea además se inclina por apoyar un movimiento hacia una transición energética justa incluyendo ofertas de viviendas con bajas emisiones de carbono para satisfacer la creciente demanda.
Simplificar el acceso a los fondos y vías de financiación de la Unión Europea actualmente disponibles condicionándolos a criterios sociales.
Fomentar la descarbonización de los distritos que respondan a las necesidades locales de vivienda asequible, y que utilice recursos locales. Dentro del nuevo concepto de las Smart Cities , aprovechar el potencial de los avances digitales y tecnológicos hacia una transición energética justa.
Todas estas medidas que propone la Unión Europea se deben canalizar a través de un fondo transformador que armonice todas las herramientas existentes y pueda destinar anualmente aquellas cantidades necesarias para renovaciones socialmente responsables.
Como declaración paradigmática La Unión Europea propone que se garantice el acceso a una vivienda digna y asequible como la mejor manera de prevenir la creciente situación de sinhogarismo y exclusión residencial.
Generar asociaciones nacionales y locales entre los proveedores de vivienda las autoridades locales para hacer frente a las necesidades de apoyo imperante para los jóvenes, ancianos y en aquellos casos que se produzcan rupturas familiares.
Para poder controlar el cumplimiento de todas estas medidas y líneas de trabajo que propone la Unión Europea se propone introducir la exclusión en materia de vivienda cómo sección central de las evaluaciones de impacto en las políticas de la Unión Europea.
Hay que utilizar aquellas plataformas de la Unión Europea que puedan ayudar urgentemente para acabar con la exclusión residencial.
El consorcio europeo de vivienda asequible, ha concluido su fase inicial del estudio que ha realizado sobre la necesidad de vivienda en la Unión Europea afirmando que hay que conciliar la necesidad de vivienda asequible, la renovación urbana, la europea verde y la reducción de las emisiones de carbono.
Es evidente que todas estas propuestas que nos vienen de Europa tenemos que ir asumiéndolas poco a poco, y no cabe duda que la eficiencia energética, la descarbonización, las Smart Cities, serán objeto de un tratamiento muy favorable por las ayudas y fondos europeos.
Ahora bien, descendiendo a soluciones que podrían aplicarse en nuestro país, habría que potenciar la rehabilitación de viviendas y edificios vacíos incentivar su rehabilitación y puesta en el mercado de alquiler o venta contribuiría a aumentar la oferta de vivienda.
Una reforma fiscal para favorecer a los arrendatarios y a los compradores podría ayudar al mercado de alquiler y compra venta resultando más atractivo y accesible, y por último un desarrollo potente transversal de políticas de suelo, facilitar el acceso a terrenos para construir viviendas asequibles, y mediante políticas de suelo que prioricen este tipo de desarrollos, puede ayudar a reducir los costos de construcción y al mismo tiempo poner suficientes viviendas en el mercado libres o protegidas para qué no sea un privilegio poder comprar o alquilar una vivienda en nuestro país.
Estas soluciones requieren un esfuerzo coordinado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, y deben adaptarse a las condiciones y necesidades específicas de cada región o ciudad en España.
La implementación de estas medidas debe ir acompañada de un seguimiento y evaluación constantes para asegurar su efectividad y ajustarlas según sea necesario.
Registrador de la Propiedad y doctor en Derecho.
Artículo publicado en la revista de «Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC» de El Economista:
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