Cuando ese equilibrio se rompe —cuando la propiedad se debilita o cuando la intervención pública se vuelve imprevisible— el sistema comienza a resentirse.
Las inversiones disminuyen, el crecimiento se ralentiza y la base fiscal se reduce. En última instancia, la capacidad del Estado para sostener sus políticas sociales también se ve afectada.
En los últimos años, el debate sobre la vivienda ha puesto de manifiesto estas tensiones con especial claridad. En numerosas ciudades europeas, el encarecimiento del acceso a la vivienda ha generado presiones políticas para incrementar la intervención pública en el mercado inmobiliario.
Se han propuesto controles de alquiler, limitaciones a determinadas operaciones inmobiliarias e incluso restricciones a la transmisión de bienes con fines considerados especulativos.
Muchas de estas medidas responden a preocupaciones legítimas. El acceso a la vivienda constituye un elemento esencial de la dignidad personal y de la cohesión social. Sin embargo, el desafío consiste en abordar estos problemas sin erosionar la seguridad jurídica que sustenta el mercado.
El mercado de la vivienda funciona sobre la base de expectativas de largo plazo. La construcción, la rehabilitación y la inversión inmobiliaria requieren horizontes temporales amplios y reglas estables.
Cuando las normas se perciben como imprevisibles o excesivamente intervencionistas, la oferta puede retraerse, agravando precisamente los problemas que se pretendían resolver.
Europa se encuentra así ante una disyuntiva compleja. Por un lado, debe preservar su modelo social y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar colectivo. Por otro, necesita mantener intactos los principios jurídicos que hacen posible ese crecimiento.
La historia ofrece algunas enseñanzas útiles. Las sociedades que han logrado combinar prosperidad económica y cohesión social lo han hecho normalmente a través de instituciones sólidas, previsibles y respetuosas con los derechos fundamentales. Entre esos derechos, la propiedad ocupa un lugar central.
No se trata de defender una concepción absoluta o ilimitada de la propiedad. El propio constitucionalismo europeo reconoce su función social y admite que el legislador puede establecer limitaciones cuando existan razones de interés general.
Pero esas limitaciones deben operar dentro de un marco de seguridad jurídica claro, evitando arbitrariedades y garantizando siempre la proporcionalidad.
En última instancia, el debate sobre la propiedad refleja una cuestión más profunda: la confianza en las instituciones.Las sociedades modernas funcionan gracias a un complejo entramado de expectativas compartidas.
Los ciudadanos confían en que las reglas no cambiarán de manera imprevisible; los inversores confían en que los contratos se cumplirán; los propietarios confían en que sus derechos estarán protegidos por los tribunales. Cuando esa confianza se erosiona, todo el sistema institucional comienza a debilitarse.
Por eso, en el contexto geopolítico actual, la defensa del derecho de propiedad adquiere una dimensión estratégica. No se trata únicamente de proteger intereses individuales.
Se trata de preservar uno de los fundamentos institucionales que han permitido a Europa construir sociedades libres, prósperas y relativamente igualitarias.
La paradoja es evidente: el Estado del bienestar, que algunos perciben como una alternativa a la lógica del mercado, depende en gran medida de la existencia de mercados funcionales y de derechos de propiedad bien definidos. Sin crecimiento económico sostenido, las políticas sociales pierden su base material.
Europa debe afrontar este desafío con inteligencia institucional. El objetivo no debería ser debilitar el derecho de propiedad, sino integrarlo de manera equilibrada dentro de un modelo económico y social que combine eficiencia, equidad y estabilidad.
En un mundo cada vez más incierto, donde las tensiones geopolíticas vuelven a ocupar un lugar central, la fortaleza de las instituciones jurídicas europeas puede convertirse en una de sus mayores ventajas comparativas. Mantener la seguridad del derecho de propiedad —al tiempo que se preserva la cohesión social— no es solo una cuestión jurídica o económica.
Es, en realidad, una cuestión de civilización.Porque, desde el derecho romano hasta las constituciones contemporáneas, la historia europea ha demostrado que la prosperidad y la libertad no se sostienen únicamente sobre la fuerza o sobre la riqueza, sino sobre algo más sutil y duradero: la confianza en el derecho.
Artículo publicado en la revista de «Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC» de El Economista:
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