Es difícil no leer o escuchar por la mañana en cualquiera de los medios de comunicación de nuestro país y no encontrar o escuchar «Reformas, y más reformas en relación con la política en materia de urbanismo y vivienda».
¿Para cuándo la reforma definitiva? ¿Cuándo podremos tener un marco normativo social, económico estable y duradero en el tiempo que nos permita encarar con optimismo el futuro de la política de suelo y vivienda en nuestro país?
La verdad es que la contestación a esta pregunta es francamente difícil de responder.Hace escasamente unas semanas, entró en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre.
El proyecto de ley recoge una serie de modificaciones de la Ley de 2015 restrictivas en cuanto a la participación ciudadana en relación con la acción urbana en nuestro país.
Por un lado, limita la capacidad de recurrir al planeamiento; es decir, establece unas condiciones necesarias para poder impugnar un planeamiento en nuestro país.
En segundo lugar, también se refiere de manera directa a una serie de temas relacionados con la caducidad de ciertas inscripciones en los registros de la propiedad. Da la sensación de que este proyecto de ley, distinto al anteproyecto que quedó «non nato» antes del verano pasado, difiere en algunos puntos del anteproyecto anterior, incorporando estas novedades anteriormente dichas sobre la caducidad de una serie de afecciones registrales con especial trascendencia en el derecho de propiedad de los ciudadanos españoles.
El tiempo, «juez máximo», dará o quitará razones de la bondad de este proyecto de ley si en algún momento de los próximos meses llega a su aprobación definitiva.Dentro de una nueva batería de medidas de reformas anunciadas por la ministra de vivienda, está por un lado la modificación de la orden de 27 de marzo de 2003 sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras para facilitar el acceso a la financiación de las comunidades autónomas, un cambio que complementaría la modificación de la ley del suelo que está en trámite parlamentario.
Se van a añadir nuevos elementos, como las técnicas constructivas, especialmente en lo que se refiere a la industrialización de la construcción o los factores de sostenibilidad. También en el ámbito de la construcción supone una nueva reforma, ya que según la ministra permitirá agilizar los procesos urbanísticos de concesión de licencias, mediante licencias abreviadas, básicas o sencillas, reconociendo que algunos ayuntamientos están implementando ya su uso.
De esta forma, se facilitará el acceso a la financiación.Asimismo, la ministra anuncia «más reformas» y convoca a una próxima reunión para avanzar en la cuestión de los alquileres temporales. Creo que sería un notable avance que la reunión de los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno y la ministra de vivienda consiga fijar un decálogo para poder afrontar de una manera definitiva y por un periodo de tiempo extenso una política de vivienda equilibrada que permita el acceso a todos los ciudadanos del Estado español a una vivienda digna.
Desde la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España (CONCOVI), se ha propuesto la creación de un observatorio de vivienda con la participación de CONCOVI, AVS y APCE, en colaboración directa con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como con otros agentes que puedan intervenir en la producción de una vivienda e incluso en su resultado final, que no es otro que la inscripción en el registro de la propiedad.
Se propone elaborar una hoja de ruta y propuestas ejecutivas para resolver los problemas que impactan diariamente en la producción de una vivienda, en el abaratamiento de los costes de la construcción, y en la agilidad de los distintos trámites del proceso constructivo.
José María Nin, quien fuera alto cargo ejecutivo de La Caixa, dice: «En España no tendremos un sistema de alquiler de vivienda adecuado hasta que no haya una compañía privada con 100,000 pisos. En Alemania, la primera compañía privada tiene 600,000 pisos en alquiler, y en Francia están en torno a 250,000 pisos en alquiler por parte de una compañía privada».
Concluye José María Nin: «Estas compañías tienen que ser capaces de ser responsables frente al sistema, la administración, los inversores y los arrendatarios».
A modo de conclusión, creo que es importante aprovechar la coyuntura actual del mercado de la vivienda para generar unas bases entre todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo, así como todos los grupos políticos y sociales del espectro nacional, para fijar un rumbo nuevo de acuerdo con las directivas comunitarias marcadas por la Unión Europea que permitan solucionar de una vez por todas el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos españoles.
Artículo publicado en la revista de «Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC» de El Economista:
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