En los últimos años, han surgido grandes desafíos en materia de vivienda y desarrollo urbano en la Unión Europea. Este problema crucial, que es la cara visible de la vivienda, se ha visto acentuado por la pandemia del COVID-19 y el conflicto en Ucrania, de manera que, unido a la creciente falta de oferta de viviendas asequibles, impide a los ciudadanos europeos acceder a un hogar.
Esta escasez de vivienda asequible y sostenible afecta principalmente a las rentas medias y bajas, a los jóvenes y a grupos vulnerables como ancianos o personas con discapacidad, muchos de los cuales se ven privados de la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
Recientemente, durante la reunión informal ministerial de Vivienda y Desarrollo Urbano, llevada a cabo bajo los auspicios de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea los pasados 13 y 14 de noviembre de 2023, se puso de manifiesto que más de 40 millones de personas en Europa destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda. En la última década, ha habido un preocupante aumento del número de personas sin hogar en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea.
Dado que la mayor parte de la población europea reside en zonas urbanas, muchos hogares europeos encuentran dificultades para encontrar viviendas adecuadas y asequibles, especialmente en aquellas zonas más tensionadas. Por lo tanto, es necesario estudiar cómo las políticas de desarrollo urbano y vivienda pueden abordar estos desafíos. Es fundamental tener en cuenta las necesidades de las personas que viven en ciudades pequeñas, pueblos y zonas rurales, las cuales requieren estrategias y políticas específicas. En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, el parque de viviendas debe adaptarse a desafíos importantes, como el envejecimiento de la población o la disminución del tamaño de los hogares.
En la reunión de Gijón, se acordó que la Agenda Urbana para la Unión Europea es un instrumento clave para la gobernanza multinivel, es decir, centrarse en la colaboración entre todos los niveles de gobierno: europeo, nacional, regional y local.
Otra conclusión importante de la declaración de Gijón del pasado noviembre es que estamos experimentando una enorme transformación de nuestro modelo económico hacia uno más sostenible, guiado por el Pacto Verde Europeo.
La sostenibilidad es un campo con un potencial enorme para la vivienda y el desarrollo urbano de la Unión Europea, desde una perspectiva social, ecológica y adaptativa para garantizar que las viviendas se ajusten al cambio climático.
El parque inmobiliario europeo debe adaptarse para responder a las demandas que se avecinan en términos de calidad, funcionalidad, accesibilidad de los edificios, así como una mayor eficiencia energética y conservación.
Los ministros de la Unión Europea responsables de vivienda y desarrollo urbano reconocen la importancia de seguir trabajando para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada en la Unión Europea, así como a un parque suficiente de viviendas asequibles, promoviendo al mismo tiempo entornos construidos más sostenibles, saludables e inclusivos y respetando plenamente las competencias nacionales.
La Unión Europea hace especial referencia para solucionar el problema de la vivienda y la financiación a los hogares con rentas medias bajas, a las personas sin hogar y a otros grupos vulnerables, así como a los jóvenes y las personas con discapacidad.
También se busca estimular un parque de viviendas en aquellas zonas con un mercado residencial tensionado, prestando especial atención a la oferta de vivienda asequible y reforzando los instrumentos normativos, desarrollando una estrategia global en aquellos lugares donde han surgido impedimentos debido a fenómenos como el alquiler a corto plazo, de manera que se puedan desarrollar espacios y equipamientos adecuados en favor de una política de vivienda asequible.
Se pretende potenciar la financiación para el desarrollo de la vivienda, en particular para aquellos alquileres sociales o asequibles, insistiendo en la colaboración público-privada. Igualmente, se destacan las oportunidades que ofrecen los fondos Next Generation, y se insiste en que se refuercen los mecanismos actuales para complementar los planes de apoyo nacionales, regionales y locales en el sector de la vivienda.
Me parece muy acertada esta conclusión en la que se sugiere a la Comisión Europea estudiar la definición de vivienda social para que pueda considerarse un servicio de interés económico general y facilitar la aplicación de las ayudas estatales en las políticas de vivienda, y que la política de vivienda esté situada en entornos urbanos y rurales mediante un enfoque territorial integrado.
Los ministros responsables de vivienda y desarrollo urbano, respetando el principio de subsidiariedad, recalcan la necesidad de reforzar el apoyo al impulso y aplicación de políticas que faciliten el acceso a una vivienda asequible, reconociendo al mismo tiempo el desarrollo de un entorno edificado de alta calidad, saludable, inclusivo y medioambientalmente sostenible. También se busca mejorar la gobernanza y compartir las buenas prácticas y experiencias de los distintos países.
No cabe duda de que este es un desiderátum importante por parte de la Unión Europea. Tenemos que trabajar todos aquellos agentes sociales que nos movemos en el ámbito de la vivienda para lograr que exista una vivienda asequible para todos los ciudadanos de la Unión Europea y evitar situaciones curiosas como la que traigo a colación: «Se alquila piso de tres habitaciones con terraza en Barcelona por 900 euros… en un velero».
Registrador de la Propiedad y doctor en Derecho.
Artículo publicado en la revista de «Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC» de El Economista:
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